Trabajadores y organizaciones sociales volverán a las calles

Quito, 27 de julio de 2016. Las acciones de protesta contra el gobierno serán definidas el 5 de agosto en 8va. Convención Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales

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BOLETÍN DE PRENSA

Expresan solidaridad con la UNE ante ataques del gobierno:

OCTAVA CONVENCIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES, INDÍGENAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEFINIRÁ EN AGOSTO ACCIONES DE LUCHA EN LAS CALLES

Quito, 26 de julio de 2016

Con el propósito de establecer acciones concretas de defensa de los derechos del pueblo y de los trabajadores, que continúan siendo atropellados por el gobierno, el Colectivo Nacional Unitario de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales anunció su octava Convención Nacional, que se desarrollará en Quito el viernes 5 de agosto.

En rueda de prensa celebrada en la sede de la CEOSL, los dirigentes no descartaron retomar las protestas en las calles, con movilizaciones, plantones y hasta un paro a nivel nacional. La Convención Nacional que se reunirá en las instalaciones de la Unión Sindical, ubicadas en las calles Junín y Almeida, en el Centro Histórico de Quito.

Pablo Serrano, presidente de turno del Colectivo Unitario, señaló que el descontento continúa en el pueblo y los trabajadores por el alto costo de la vida y la arremetida constante del gobierno en contra de los derechos del pueblo y los derechos de las trabajadoras y trabajadores. En los trabajadores del sector público existe desesperación, pobreza, inestabilidad laboral por la supresión de sus derechos, señaló.

Dijo que la Convención analizará estos temas, así como el respaldo y solidaridad con la UNE, amenazada con la disolución por el gobierno, el respeto al derecho de los jóvenes al libre ingreso a las Universidades y el derecho al trabajo. Señaló que el desempleo ha crecido de forma alarmante en los últimos tiempos, al punto de ubicarse en el 60 % de la población económicamente activa (PEA) del Ecuador, que se debate entre la subocupación y el desempleo.

Mesías Tatamuez, presidente de la Cedocut, acusó al gobierno y a Alianza País de ser los responsables de ola de despidos de decenas de miles trabajadores, debido al rotundo fracaso de su modelo económico, el pésimo manejo de la economía nacional y la rampante corrupción. A esto se suman, dijo, la aprobación de las enmiendas constitucionales que recortan derechos de las organizaciones laborales y de los trabajadores públicos, la mal llamada Ley de Justicia Laboral y otras que abrieron las puertas para el despido masivo de los trabajadores, quienes junto con sus familias han quedado en el desamparo.

Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dijo que son 120 mil los trabajadores y trabajadoras despedidos desde el año anterior, que significan 120 mil familias, es decir alrededor de 500 mil ecuatorianos entre adultos, jóvenes y niños, que se han sumado a los compatriotas que se encuentran en la indefensión total. Aseveró que las protestas serán también en defensa del IESS que el gobierno pretende “destruir”.

Mesías Tatamuz también dijo, y que para que lo sepa el mundo, que “en el Ecuador se violan los derechos humanos”, como ocurrió hace pocos días con 121 ciudadanos cubanos que fueron expulsados sin habérseles respetado el debido proceso y en medio de agresiones y violación a sus derechos. Y ahora, en clara retaliación política, se pretende disolver a la UNE por haber denunciado, junto con otras organizaciones, casos concretos de violación flagrante de los derechos humanos en el Ecuador ante el Comité de los DDHH de las Naciones Unidas, en Ginebra.

 

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Pago a Chevron lo se lo hizo con recursos del Fondo de Solidaridad

Mesías Tatamuez condenó la arbitraria disposición del gobierno de 120 millones de dólares de los recursos recaudados por la Ley de Solidaridad para los damnificados del terremoto de Manabí y Esmeraldas, al recordar que fue por eso, por la desconfianza que despierta el gobierno, que las organizaciones de trabajadores propusieron la figura legal de un fideicomiso para manejar con transparencia esos dineros.

Nelson Erazo señaló que el “garrotazo” del aumento del IVA de 12 % a 14 % “no era para asistir a los damnificados, sino para solventar su crisis fiscal” y para pagar, como ahora ha sucedido, los 112 millones de dólares que ganara la empresa transnacional Chevron en un litigio internacional.

Los dirigentes señalaron que el 25 de agosto, planteado por César Vuelva, presidente de la Federación de Afiliados al Seguro Social Campesino, como el día de la movilización nacional, es una propuesta que será analizada en la Convención Nacional.

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