Quito, 16 de febrero de 2017. Trabajadores, jubilados y empleadores rechazan eliminación de la deuda de USD 2.500 millones del fondo de salud, que mantiene el Estado con el IESS (Video y PDF)
La deuda de salud del Estado con el IESS
Acuerdo alcanzado entre trabajadores, jubilados y empleadores del Ecuador en rechazo a la eliminación de la deuda de USD 2.500 millones del fondo de salud, que mantiene el Estado con el IESS. FUT, CEDOCUT, CEOSL, UGTE, CTE, Cámara Comercio de Quito, Cámara Empresarial Ecuatoriana, Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, que defienden la autonomía del IESS. El acuerdo dice lo que sigue:
La Constitución de la República señala que le corresponde al Estado ecuatoriano el pago de las atenciones de salud de los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y personas con adicciones (Artículos 37, 39, 43, 46, 47, 50, 364); por estos servicios de salud, prestados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Estado ha acumulado una deuda valorada en 2.506,7 millones de dólares.
“Esta supuesta deuda es inexistente”, dice un documento del IESS y se pretende desconocerla alegando falta de reglamento y dificultad para la determinación de su magnitud exacta, a pesar de los convenios de pago firmados con el ministerio de finanzas y de que no se puede justificar el incumplimiento de la ley por falta de reglamento. El Consejo Directivo del IESS como máxima autoridad de la Institución, tiene como atribución “el conocimiento y aprobación de los estados financieros del IESS”, pero no ha conocido ni aprobado el recorte de esta deuda. La Directora General no ha entregado los estados financieros, solicitados reiteradamente por el vocal del Consejo Directivo representante del sector empleador, Ing. Felipe Pezo, ni siquiera los cortados a diciembre de 2015. La Contraloría General del Estado pidió, en Septiembre del 2015, que los documentos sobre esta deuda sean conocidos y aprobados por el Consejo Directivo del IESS, antes de ser enviados al organismo de control, y no se ha cumplido hasta ahora la recomendación.
Quienes suscribimos este documento exigimos a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la entrega inmediata de los estados financieros cortados a diciembre de 2016 y la contratación de una auditoría para establecer el monto de la deuda por atención médica a jubilados. Pedimos la intervención de la Intendencia de Seguridad Social y demandamos a las autoridades el nombre de los funcionarios que tomaron la decisión de excluir la deuda de los estados financieros del IESS.
Si esto efectivamente ha ocurrido, el o los autores de la eliminación del registro de la deuda, las autoridades administrativas que conocieron el hecho y no dispusieron su inmediata corrección, o que expresaron su acuerdo con la medida y la defendieron públicamente, incurrieron en responsabilidad administrativa en los términos previstos por el número 11 del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, pues no determinaron adecuadamente la existencia de los valores por cobrar y, con ello, impidieron o pretendieron impedir su recaudación.
Pero si a esto se suma el hecho de no corregir la actuación irregular, se consumaría un perjuicio económico contra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por un monto equivalente a la deuda cuya existencia se pretende desconocer; esto genera responsabilidad civil que la Contraloría General deberá determinar, disponiendo que los responsables reembolsen los valores a los que asciende el perjuicio.
Pero, con independencia de que el perjuicio económico llegue a consumarse, si efectivamente se han alterado los registros en relación con la deuda, lo que existiría serían graves delitos sancionados por el Código Orgánico Integral Penal. Falsificación de documentos, en primer lugar (art. 328 del COIP) y, esto es lo más grave, peculado (art. 278), pues se ha dispuesto arbitrariamente de recursos públicos al eliminarlos de los registros, para favorecer a los deudores.
