Quito, 18 de diciembre de 2017. Los trabajadores nos preguntamos: ¿Cómo sector empresarial quiere dinamizar la economía con un salario irrisorio que amputa las posibilidades de mejorar el poder adquisitivo de los obreros?
COMUNICADO DE PRENSA CEDOCUT-FUT
Quito, 15 de diciembre de 2017
10% de alza salarial dinamizará la economía nacional y empresarial
La Constitución en la disposición XXV menciona: “La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. El salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar”.
Si los gobiernos cumplieran la Constitución, en estricto derecho, posiblemente nuestros salarios hubieran alcanzado la canasta básica. La progresividad del salario que establece la Constitución, implica que cada año el alza salarial debe propender al mejoramiento de los salarios y no a su retroceso.
Reafirmamos que las propuestas de alzas salariales no pueden retroceder, pero lo que observamos es que no se cumple con la progresividad y que los salarios se han estancado en perjuicio de los trabajadores. Por ejemplo, desde el 2008, en que hubo un alza del 8%, igual a 30 dólares, los salarios se han ido reduciendo tanto en porcentajes como en cantidades, mientras la canasta básica ha subido el doble que los salarios (Ver Cuadro adjunto).
Como vemos existe una violación flagrante a la Constitución, porque no existe ni ha existido tal progresividad en la revisión salarial.
En este contexto la propuesta del 10% de los trabajadores, no es que sea una propuesta estrictamente técnica, sino una propuesta técnica social de equidad, que implica recuperar el poder adquisitivo y no una indexación de la inflación, que es lo que los gobiernos y los empresarios siempre han aprobado, y que jamás se han ajustado a la realidad en que viven el pueblo ecuatoriano y los trabajadores.
Este reajuste gobierno-empresarial solo alcanza a una fracción de la población; en 2016 fueron 350 mil trabajadores a quienes se les subió con la fórmula ilegal de la indexación a la inflación. Cabe explicar que un trabajador que gane una centésima más del salario básico, es decir 375,01 dólares, queda excluido del supuesto aumento, lo que es injusto e ilegal.
Por ello planteamos que el reajuste se lo haga de manera general para todos los trabajadores y trabajadoras, sean del sector público (cuyos salarios están congelados por más de 9 años) o del sector privado.
Los trabajadores nos preguntamos: ¿Cómo sector empresarial quiere dinamizar la economía con un salario irrisorio que amputa las posibilidades de mejorar el poder adquisitivo de los obreros? Con los salarios a la baja no se puede elevar la capacidad de consumo, por lo contrario se produce un estancamiento en la economía. El propio representante de la Cámara de la Construcción admite que el bajo salario de los trabajadores es uno de los problemas de la crisis del sector, por lo que los obreros no son susceptibles de crédito para una vivienda.
No es cierto que un incremento del 10% al salario que planteamos los trabajadores vaya a perjudicar a la economía o al sector empresarial. Al respecto, es aleccionador el ejemplo de Portugal -un país en crisis que no siguió las recetas del FMI- que triplicó los salarios, permitiendo que la capacidad adquisitiva y de consumo crezcan. Esta medida no atentó a la economía de ese país, sino por el contrario la impulsó hasta registrar índices de crecimiento: No quebró empresas ni existieron despidos. Hoy en día este país tiene un crecimiento del 2% del PIB.
Por ello, insistimos que es posible un alza del 10% y que esto permitirá la recuperación del país, porque habrá un consumo interno que posibilitará una dinamización de la economía en general, de la economía empresarial y una mejor recaudación de impuestos para cubrir los déficits existentes. Sin embargo, para que este planteamiento se haga realidad, se requiere, primero, sensibilidad del empresariado y un acuerdo tripartito -gobierno, empresarios y trabajadores- para constituir unidades de control de precios de los productos de la canasta básica y trazar plantes para una constante lucha contra la corrupción y la evasión tributaria, males que aquejan a nuestro país.
