Quito, 29 de diciembre de 2016. El año que termina cierra un período marcado por la resistencia del pueblo y organizaciones sociales frente a un poder abusivo, prepotente y autoritario
Al pueblo ecuatoriano
Diagnóstico de la crisis económica y política al término del gobierno de Alianza País
El año que termina (2016) cierra un período marcado por la resistencia del pueblo y de las organizaciones sociales frente a un poder abusivo, prepotente y autoritario que ha perseguido, golpeado y encarcelado a personas y dirigentes populares. Ha sido un ciclo en que el gobierno desató su odio a los sectores populares que declararon y se mantuvieron firmes en la defensa de sus derechos. Un ejemplo en la actualidad es la feroz persecución a la Comunidad Shuar en Morona Santiago, que hoy lucha por defender su territorio que ha sido entregado por el gobierno en forma ilegal e inconstitucional, sin consultas de ningún tipo, a empresas chinas para emprender la explotación de minerales a cielo abierto. Lo cual, por cierto, condenamos con toda nuestra energía y expresamos nuestra solidaridad.
El gobierno ha perseguido a organizaciones sociales: a la UNE le privó de la personaría jurídica y ahora pretende hacer lo mismo con Acción Ecológica, acusándole de aupar la supuesta lucha violenta del pueblo shuar. Esto es violar la libre organización y la libre determinación.
Todo esto, en medio de la peor crisis ética que hoy vive el país, como nunca antes en su historia. Después de la “triste y larga noche neoliberal”, el Ecuador ha vivido una década caracterizada por la corrupción, el despilfarro y derroche de los inmensos recursos económicos (USD 300 mil millones) que manejó el gobierno por el precio internacional del petróleo.
Ni todos los gobiernos juntos que han regido en el Ecuador logran reunir la cantidad de dinero que manejó el gobierno actual.
Desde el comienzo el gobierno tuvo denuncias de corrupción en sus esferas, pero jamás el gobierno auspició una investigación. Por el contrario, atacó a los denunciantes, los persiguió y los enjuició penalmente. Ejemplos de estos, son los juicios a los autores del Gran Hermano, los veedores de los contratos del hermano del presidente, la Comisión Anticorrupción de las organizaciones sociales, entre otros. En 2016 se desenmascararon y se descubrieron actos de corrupción en contratos de Petroecuador y los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios del gobierno.
El gobierno es el gran responsable de la corrupción imperante al haber desactivado toda la estructura y normas de control y fiscalización. Instituciones como la Asamblea Nacional, Consejo Nacional de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Consejo Nacional de Participación, Contraloría, Procuraduría, Corte Constitucional se volvieron inoperantes frente a la rampante corrupción y se sometieron dócilmente a la política presidencialista.
Y no solo eso, sino que en forma ilegal el gobierno ordenó a todas las instituciones públicas negar toda información a los asambleístas y personas comunes. Los contratos millonarios para obra pública se hicieron sin concursos y mediante decretos de emergencia.
Frente al fracaso de un modelo atado a los ingresos del petróleo y la dilapidación de los recursos, la crisis económica golpeó duramente sobre todo a los sectores populares. La conflictividad laboral y los despidos intempestivos crecieron en forma alarmante. El alto costo de la vida se disparó y los salarios se fueron deteriorando, al punto que cada vez es imposible alcanzar la canasta básica, que hoy se ubica en los 691,88 dólares, o la canasta de la pobreza o vital en 496,43 dólares.
El último aumento al salario de 9 dólares, en 2016, fue la burla más grande, pasó de 366 a 375 dólares. La única navidad fue para los empresarios. Este es un acuerdo histórico, según el gobierno. Pero nosotros le decimos que es una mentira, pues los representantes de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Salarios y Trabajo no fueron del FUT sino funcionarios y trabajadores afiliados al movimiento del gobierno; para prueba, y es de conocimiento público, son candidatos de Alianza País.
La deuda externa creció en forma impresionante: al momento supera los 40 mil millones de dólares, lejos de los 13 mil 827 millones de deuda externa que tenía en sus cuentas el país en 2007 cuando asumió el gobierno. Además, ha emitido deuda en papeles-bonos del Estado por cifras millonarias, hizo préstamos por más de 4.200 millones de dólares al Banco Central, y echó mano de los recursos de la seguridad social, hasta convertir al IESS en caja chica de sus urgencias económicas, a la vez que niega el pago de la deuda que mantiene con esta entidad.
El año termina con un país abrumado por la deuda interna y externa que crece, con más de 500 mil trabajadores en la desocupación y con un horizonte económico y laboral que no avizora soluciones sino mayores dificultades. En esta década perdida de la Revolución Ciudadana, jamás se llegaron a implementar una política laboral coherente y una reforma agraria integral.
Por todo esto, llamamos a mantener y fortalecer la unidad de los sectores populares y sociales, para continuar en resistencia de un gobierno que pretende seguir pisoteando los derechos del pueblo y su gente. Este 2017 es un año electoral, esperamos que el pueblo ecuatoriano no vote por el que grita más o hace más campaña porque tiene dinero, o porque es el que miente más, sino que vote por los que planteen propuestas claras para el país, en educación, economía, seguridad social, empleo, salarios dignos, sin flexibilización laboral, sanción a los corruptos, fin a la criminalización y respeto a los DDHH.
Que 2017 sea un año de unidad y reivindicación de las luchas sociales y demandas del pueblo ecuatoriano. Para terminar con las guerras y luchar por la paz en nuestro país y el mundo, y el respeto a los pueblos y los derechos humanos.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS Y DE LOS TRABAJADORES!
