Tomado del Diario El Comercio, miercoles 9 de noviembre del 2011
El discurso del gobierno de Rafael Correa, de defender el buen nombre de las personas, entró en contradicción con el despedido masivo de funcionarios públicos.
Aunque Correa ha llamado a la población a defender su honra de acusaciones infundadas, en especial de la prensa, su régimen no dudó en pintar como corruptos y negligentes a quienes fueron separados de sus cargos.
Para ello, recurrió a una cadena nacional de radio y televisión, en la que dos de sus ministros justificaron la medida por la existencia de supuestos actos de corrupción. Se trató de los ministros Doris Soliz (Política) y Richard Espinosa (Relaciones Laborales), quienes sustentaron su acusación en un estudio de las hojas de vida de los despedidos que, de momento, no ha sido divulgado.
A renglón seguido, el propio Correa, que acusa a El Universo y a los autores del libro ‘El Gran Hermano’ de dañar su buen nombre, también descalificó a los burócratas removidos de sus funciones. Y sugirió que se compró la renuncia a quienes presuntamente caminaban por los senderos de las “argollas” y la “corrupción”.
Estos señalamientos provocan indignación entre los funcionarios despedidos, que sienten que su buen nombre es vulnerado. Así lo sostiene Miguel García, titular de la Federación Nacional de Servidores Públicos.
El dirigente cuestiona que este tipo de epítetos contra los burócratas despedidos haya salido precisamente del Gobierno, amparado en una generalización.
“Así como el Presidente ha dicho que la verdad siempre debe brillar, en este caso también se debe decir la verdad y precisar quiénes son los corruptos”. Esas son las expresiones de García, quien al parafrasear al Presidente recuerda que no decir toda la verdad es una forma de corrupción.
Desde la Federación Médica Ecuatoriana también hay malestar por la forma ligera en que el Gobierno ha manejado la honra de quiénes fueron despedidos.
“Se ha jugado con la honra de los profesionales de la Salud, que debe ser reparada”, afirma Orly Oyague, dirigente del gremio de la Salud, quien exige que el Gobierno también respete la honra de todas las personas.
Estas descalificaciones lanzadas desde el Gobierno coincidieron con observaciones de organismos internacionales, sobre cómo se está manejando el derecho a la honra en el Ecuador.
Catalina Botero, relatora de libertad de expresión de la CIDH, había preguntado hace poco si en el país solo se protege la honra de las autoridades. Y luego una comitiva Asociación Mundial de Periódicos señaló que “exigir respeto a la honra supone respetar la honra de los demás”.
Desde el campo jurídico se advierte que este tipo de aseveraciones menoscaba el buen nombre de los burócratas obligados a vender sus renuncias. En esencia, porque el Gobierno no demuestra ni precisa cuáles de los funcionarios despedidos cometieron supuestos actos reñidos con la ley.
“Está afectado el buen nombre y el prestigio profesional”, señala Juan Francisco Guerrero, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica. En este punto, el jurista subraya que el Gobierno no cuida del buen nombre de miles de burócratas, pese a que es sensible cuando se trata del honor de sus ministros.
¿Qué acciones legales pueden tomar las personas que sientan afectado su buen nombre?
Guerrero explica que pueden entablar una acción civil de daños y perjuicios contra el Estado, en caso de que estas descalificaciones impidan, por ejemplo, obtener un empleo a futuro.
Servidores públicos negocian revisión de despidos
Los representantes de los servidores públicos buscan la revisión de 2 700 despidos en el Estado.
El presidente de la Confederación de Servidores Públicos (Conasep), Remigio Hurtado, se reunió ayer con el viceministro Coordinador de la Política, Edmundo Villavicencio, el asesor de Doris Soliz, Marcelo Ortega, y el coordinador de Actores Sociales, Edgar Ávalos, para tratar el tema.
Hurtado dio a conocer a este Diario que la próxima semana se establecerá una mesa de diálogo y una veeduría con la participación de la Conasep y el Ministerio Coordinador de la Política.
Ello a fin de que se revisen los casos en que los funcionarios fueron despedidos “sin justificativos técnicos” y sean reintegrados.
Según Hurtado, en las mesas se presentarán pruebas de los servidores como evaluaciones positivas para demostrar que fueron separados “injustamente”.
Hurtado también indicó que se presentarán los casos de funcionarios en los que ni siquiera se presentó una acción de personal para su salida, sino solo un oficio.
La mesa se establecerá con la firma de un convenio entre el Ministerio Coordinador de la Política y la Conasep la próxima semana. Este Diario buscó la confirmación de la Cartera de Estado pero no tuvo respuesta. Según el Ministerio de Finanzas hasta diciembre se destinarán USD 140 millones por despidos y jubilaciones.