Sindicatos alistan defensa de empleados

Fuente de Diario Extra, sabado 5 de noviembre del 2011

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Foto: Rolando Enríquez

Dirigente del gremio y organizaciones sociales exigirán que la corte nacional se pronuncie por los despidos de los trabajadores públicos.

Las organizaciones sindicales de Ecuador presentarán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja por la desvinculación de miles de empleados estatales ordenada por el gobierno la semana pasada. 
Así lo señaló ayer Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), tras indicar que los sindicatos y otras organizaciones sociales alistan otras medidas de presión para frenar la salida indiscriminada de empleados del sector público.
El gobierno, mediante el “Decreto 813”, separó de sus cargos al menos 2.000 burócratas, lo que ha levantado críticas de distintos sectores sociales y políticos que consideran a esa medida como “inconstitucional”.
La separación de los empleados públicos se dio tras un proceso de evaluación en todas las entidades estatales y, según el gobierno, la medida es legal y constitucional, ya que, entre otros factores, se indemniza a los perjudicados.
Tatamuez aceptó que hay personas del servicio público que estarían dispuestos a abandonar sus cargos, pero señaló que “molesta la forma” cómo el gobierno ha procedido a tramitar las salidas de muchos especialistas.
Según el dirigente sindical, si las evaluaciones efectuadas por el gobierno señalaban a varios burócratas como “malos empleados” o que estuvieron inmersos en casos de “supuesta corrupción”, lo que cabía era aplicar “un visto bueno, como manda la ley”.
Para él, la aplicación de la medida de mejorar el servicio público fue tomada de forma indiscriminada, sin un estudio preciso de cada caso.
El FUT junto con otras organizaciones sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) preparan acciones en defensa de los empleados, que incluyen la exigencia para que la corte constitucional se pronuncie sobre el caso, además de la presentación de recursos de amparo para evitar la salida indiscriminada de los empleados.