Quito, 17 de febrero de 2016. Convocan a movilización nacional el 17 de marzo y el 25 de febrero al plantón ante la Corte Constitucional. (Resoluciones en PDF)
Quito, 13 de febrero de 2016
En un ambiente imponente de unidad y determinación, la Convención Nacional de Trabajadores y Organizaciones Sociales, que convocó a más de 600 delegados de todo el país, resolvió este sábado 13 de febrero en Quito continuar con la lucha en las calles en protesta y rechazo a la incapacidad y las políticas neoliberales del gobierno, que han conducido al país a la crisis económica y a la pérdida de sus fuentes de trabajo a decenas de miles de trabajadores públicos y privados.
Para el 25 de febrero programaron un plantón frente a la Corte Constitucional, para reclamar un pronunciamiento sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas ante esta institución estatal por las organizaciones sociales y de trabajadores.
Las 15 resoluciones adoptadas por unanimidad fueron aclamadas de pie por los presentes al final de la Convención, y fueron resultado del accionar de cuatro mesas conformadas previamente, encargadas de analizar la coyuntura política y económica nacional.
La convocatoria a una nueva movilización social en las calles de las ciudades del país para el 17 de marzo de 2016, despertó el entusiasmo y evidenció la férrea unidad que se ha ido construyendo en los últimos años entre las organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles, profesionales, jubilados y los movimientos sociales de mujeres y hombres de nuestro pueblo.
Durante las cinco horas que se prolongó la reunión realizada en la sede de la UNE-Quito, los delegados expresaron a su turno su inconformidad e indignación con el proyecto de reforma laboral de “flexibilización” propuesto por el gobierno en los últimos días, que solo busca favorecer a los empresarios en desmedro de los trabajadores, dijeron.
En ese sentido, formularon un enérgico y terminante rechazo a esa propuesta, que fue calificada como retrógrada y neoliberal, pues atenta a los derechos laborales de los trabajadores y viola convenios internacionales de la OIT, aprobados por el Estado ecuatoriano. Se encargó a un grupo de juristas laborales el análisis profundo de este tema para contrarrestar la “mentira oficial”.
La flexibilización laboral o trabajo por horas sin beneficios laborales, se viene hablando en el país desde el gobierno de Abdalá Bucaram en 1986 y consta en el proyecto de Código de Trabajo que fue presentado (y luego retirado) por el ex ministro de Trabajo Carlos Carrasco. Sin embargo, hicieron notar que los contenidos de ese Código poco a poco se lo va implementado a través de proyectos de reforma.
Las decenas de miles de trabajadores despedidos en las últimas semanas del 2015 y primeras de 2016, fue otro punto sensible en los debates de la Convención. En las intervenciones se responsabilizó al gobierno de la crisis económica por su incapacidad e incompetencia en el manejo administrativo del Estado, a pesar de los ingentes recursos económico con los que contó.
“No hay seguridad jurídica”, dijo el presidente de la Cedocut, Mesías Tatamuez, al subrayar que ahora los trabajadores son despedidos sin fórmula de protección alguna, y denunció la “aberración” jurídica de la Corte Constitucional que, en una de sus últimas resoluciones, como nunca antes en la historia laboral del país, decidió suspender la personería jurídica del Comité de Empresa de Trabajadores de Productos Paraíso.
Esto fue motivo para apuntar reclamos futuros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Delegados de la FEUE, presentes en la Convención, rechazaron la pretensión del gobierno de suprimir el pago de una remuneración básica a los estudiantes que realizan pasantías en entidades y empresas públicas y privadas, parte del proyecto de flexibilización laboral del régimen. Al respecto denunciaron que cientos de estudiantes practicantes en algunos hospitales del país, no se les ha pagado sus estipendios correspondientes.
La Asamblea de Mujeres en Resistencia solicitó se exija al gobierno el rompimiento de relaciones diplomáticas con Turquía, ante la alevosa agresión de la seguridad del “asesino” presidente de Turquía, Recep Erdogan, en contra de compañeras de esa agrupación el 4 de febrero de 2016 en Quito.
IMPUESTOS A MONOPOLIOS PARA ENFRENTAR CRISIS
Una de las mesas expuso que “la crisis no puede ser pagada por los trabajadores y el pueblo. El Estado debe establecer el cobro de impuestos a las ganancias extraordinarias de los grandes monopolios empresariales financieros del país”, señaló.
También propuso “la reducción del impuesto al IVA del 10 % al 12 % para dinamizar la economía; la revisión, auditoría y fiscalización de los contratos petroleros mineros y de las grandes obras de infraestructura que ha realizado este gobierno; y, no pago de la deuda externa ilegal contraída por este gobierno a costa de los recursos naturales del pueblo ecuatoriano”.
Y planteó “la nacionalización de las empresas telefónicas Claro y Movistar y rechazaron la propuesta del gobierno para la compra de medicamentos a empresas chinas y de la India, bajo la modalidad de subasta a inversa, que perjudicará a las pequeñas empresas farmacéuticas del país y dejarán en la calle a más de 15 mil trabajadores de estas empresas”.
PRENSA
LEA LAS RESOLUCIONES DE LA CONVENCIÓN EN LOS ADJUNTOS EN PDF
